La Ley N.° 32069 de Perú establece un marco normativo para contrataciones estatales, destacando cláusulas obligatorias como garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución por incumplimiento, gestión de riesgos, y compromiso de pago de multa. Estas medidas buscan promover transparencia, salvaguardar intereses estatales y garantizar la correcta ejecución de contratos.