La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece requisitos para la validez y nulidad de actos administrativos, pero no regula todas las causales de ineficacia. Un acto puede ser nulo e ineficaz, pero la ineficacia no se produce hasta su declaración. Además, un acto válido puede ser eficaz o ineficaz según su impacto jurídico.