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No necesariamente. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069) introduce como principio rector el «Valor por Dinero». Este principio exige que las entidades maximicen el valor que obtienen en cada contratación, buscando un equilibrio entre la calidad y el precio, en lugar de procurar únicamente el menor precio.

Esto significa que la adjudicación debe asegurar el cumplimiento de la finalidad pública, considerando factores como la calidad, la sostenibilidad de la oferta, los costos y los plazos de ejecución.


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